Este primer post individual hablaré sobre la situación actual de las
personas con diversidad funcional y la perspectiva del estado en materia de
cobertura a sus necesidades.
Como hemos reflejado
en post anteriores, en España existe una serie de medidas legislativas que
regulan las necesidades de las personas con diversidad funcional. Sin embargo,
es sabido que muchas leyes en favor de este colectivo han sido derogadas y que
el gobierno ha impuesto recortes en estas medidas como consecuencia de la
crisis, dejando con una cobertura ínfima
a las necesidades de estas personas.
Actualmente, es
la Ley 39/2006, de 14de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y de atención a las personasen situación de dependencia (LAPAD) quien está sustentando la mayor
parte del sistema de ayudas para este colectivo. No obstante, desde el punto de
vista del mismo, resulta insuficiente debido a que está orientado desde un
enfoque de carácter paternalista y asistencial. Según aquellas personas con
diversidad funcional y desde el Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), la LAPAD “no aspira más que a la mera supervivencia, sin capacidad de
decidir sobre los apoyos que requiere el ciudadano para llevar a cabo su
proyecto vital, condenado de por vida a pagar por su diferencia, sin más
expectativas que el encarcelamiento en una residencia o el arresto domiciliario
a cargo de la familia”. http://www.forovidaindependiente.org/node/474
Igualmente, hacen mención al
sistema de copago que el gobierno ha estado queriendo imponer, ya que, aparte
de suprimir o reducir algunas prestaciones económicas, el copago también “no
sólo porque amenazaba con enquistar la falta de igualdad de oportunidades y por
el agravio comparativo económico que soportan las personas con diversidad
funcional, sino porque, el hecho de que supusiera el 33% de la financiación del
sistema, podía ser el primer paso para desmontar los sistemas de salud y
educación pública” http://www.forovidaindependiente.org/node/474 , de tal modo que los derechos
de este colectivo quedasen desprotegidos y dejándoles en una situación aún más
frágil de la que pudieran estar padeciendo.
Por mi parte,
considero, al igual que las personas pertenecientes a este colectivo, que la
perspectiva asistencial con la que está marcada las leyes para las personas con
diversidad funcional supone una escasa ayuda para la realidad a la que se
enfrentan porque no conlleva a una cobertura total de las necesidades que les
puedan surgir. Además, se debe tener en cuenta el incumplimiento de ciertas las
leyes a pesar de estar reguladas expresamente, situando a este colectivo en una
situación aún más vulnerable.
Es decir, las
personas con diversidad funcional no sólo se encuentran en una situación frágil
por el hecho de que padezcan discriminación dentro de la sociedad simplemente
por su condición no normativa, sino también por las consecuencias que esto
conlleva, de manera que se pasen por alto sus derechos e impidiendo el pleno
desarrollo de su autonomía.
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